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Trump, Luisa Ortega y Rodríguez Torres: una misma línea contra la Constituyente

Lo que dicen el gobierno de EEUU y Almagro

Ampliamente sabido es que un presidente habla a través de sus funcionarios políticos. De manera que se puede inferir la actual posición de Donald Trump sobre la propuesta constituyente venezolana a través de sus subsecretarios y altos funcionarios institucionales, que respaldan la postura de su administración.

En esta línea, de acuerdo al subsecretario adjunto para la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental para la región Andina de EEUU, Michael Fitzpatrick, el llamado a ANC “sobrepasa a la voluntad del pueblo venezolano y además erosiona la democracia venezolana”.

Según Fitzpatrick, la Constituyente además “va a profundizar la crisis y la confianza entre las partes”, lo que abre las puertas para que EEUU considere sanciones “adicionales individualizadas bajo la ley de Democracia de Venezuela de 2014”, financiada por la petrolera Chevron. En su opinión, lo que necesita el país es que se respete su Constitución.

A tono con estas declaraciones es que altos funcionarios del Departamento de Estado han calificado la ANC como “antidemocrática”, ejerciendo influencia sobre 13 países latinoamericanos para que acompañasen una resolución en la OEA donde se exige que la convocatoria se suspenda.

En ese sentido, el discurso oficial de EEUU toma mayor densidad en su máximo operador en esta instancia. Hablamos del secretario general de la OEA, Luis Almagro, quien afirma que la ANC es “fraudulenta e inconstitucional porque es el pueblo exclusivamente el único que cuenta con el poder constituyente”.

Según su “opinión”, fuera de cualquier marco institucional, “Maduro anuncia ahora el fin de la Constitución de Hugo Chávez y de su legado a partir de un fraudulento llamado a una Asamblea Constituyente”.

Como veremos, esta línea discursiva sobre la soberanía del pueblo y el legado de Chávez se repite una y otra vez, como si fuera parte de un mismo diseño.

Rodríguez Torres en la misma jugada

No ha pasado ni un mes de la convocatoria para que el ex mayor general Miguel Ángel Rodríguez Torres pidiese suspender la ANC, en un lapso coincidente con la presentación de la resolución de la OEA impulsada por EEUU.

El argumento de Rodríguez Torres para sostener esta afirmación es que no se ha “consultado al poder soberano acerca de esta convocatoria”, una posición similar a la de Almagro como iremos viendo.

Ya que en su repertorio discursivo Rodríguez Torres sostiene que se está “violando el legado de Chávez”, avanzando con la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia que avala la ANC a un “modelo autoritario que, sin embargo, sigue teniendo elementos de representatividad democrática”.

En su opinión, de esta manera el TSJ rompe con el “modelo de democracia participativa y protagónica contemplada en la Constitución de 99”.

Más evidente se ve este posicionamiento con la reciente ampliación de las bases comiciales para que el texto que salga de la ANC sea aprobado a través de un referéndum consultivo.

Debido a que el mismo Rodríguez Torres, aún y con eso, se niega a participar de la convocatoria al punto de negar cualquier tipo de propuesta que de allí salga, ubicándose directamente a favor del NO en el referéndum consultivo. Para lo cual prevé “movilizarse”, según anuncia en medios antichavistas como Hispanopost y El País de España.

En ese sentido, es coincidente el verbo de Rodríguez Torres hablando de violación a la Constitución y soberanía del pueblo con la postura estadounidense, siendo el ejemplo más claro su posición a favor de suspender la convocatoria en el mismo rango de días de la fallida resolución de la OEA.

Luisa Ortega Díaz asume una posición similar

La Fiscal General de la República, a tono con los otros pronunciamientos, exigió al presidente Nicolás Maduro que revisara la convocatoria y pidió al TSJ que aclarase si la sentencia, que avala la ANC, mantiene en “vigencia al modelo de democracia participativa y protagónica de la Constitución de 1999”.

En su opinión, los “venezolanos aprobaron la Constitución de 1999 en un proceso de participación y consulta a través de referendos, por lo que no se puede ir hacia atrás al pretender vulnerar la progresividad de esos derechos, mediante una Constituyente en la que la participación popular se reduzca a su mínima expresión”.

Ortega Díaz, además, sostiene que la ANC “agravaría la crisis en el país y generaría desconfianza entre los propios ciudadanos”, en una similitud notable con las ya citadas palabras del subsecretario adjunto Michael Fitzpatrick.

Es importante aclarar, por otro lado, que estas palabras de Ortega Díaz son pronunciadas amparándose en una posición institucional de “resguardo de los derechos de todos los venezolanos”.

Sin embargo, de ser cierta esta postura la Fiscal General de la República debería haber acudido a la Comisión Presidencial, nombrada para establecer las bases comiciales de la ANC, para presentar sus observaciones en defensa de los derechos de los venezolanos. En cambio, decidió no ir a dicha reunión excusándose en una misiva que rechaza de plano la ANC bajo argumentos políticos que nada tienen que ver con su posición institucional. Lo que le valió el respaldo de Luis Almagro, alguien poco interesado en la institucionalidad venezolana, y un grupo de intelectuales a favor de una “transición pacífica y democrática”, un eufemismo para denominar al actual golpe en curso.

El juego en llave y la manipulación del imaginario

Los pronunciamientos de Ortega Díaz y Rodríguez Torres coinciden en fondo y base con lo planteado por el Departamento de Estado sobre la supuesta inconstitucionalidad de la ANC por no convocar a un referéndum consultivo que avale su llamado.

Lo premeditado de ambas posiciones se observa en su dimensión cuando se tiene en cuenta que ninguno de los dos objetó para nada las convocatorias de reforma en 2007 y enmienda en 2009, realizadas por el presidente Hugo Chávez sin pasar antes por un referéndum consultivo.

Ese antecedente demuestra la interpretación que en ese momento hicieron sobre la “iniciativa de convocatoria” del Presidente, en contraposición a su beligerante diatriba contra una ANC en cuyas bases comiciales se plantea un referéndum consultivo una vez definidos los cambios constitucionales.

De esta forma, Ortega Díaz y Rodríguez Torres niegan de plano una instancia que permita discutir los temas de fondo del país entre los propios venezolanos, utilizando simbólicamente el imaginario de Chávez para ampliar el rango de confusión mediática en torno a la Constituyente. Poniéndose automáticamente del lado de la Administración Trump.

En esta dirección, Ortega Díaz y Rodríguez Torres sólo están haciendo el trabajo sucio para intentar ampliar el radio de movilización contra el Gobierno nacional hacia los sectores populares identificados con el chavismo: la piedra de tranca del actual plan insurreccional en curso.

MISIÓN VERDAD

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