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Habitantes de las comunidades que rodean a la avenida Uruguay, toman medidas de presión para que las autoridades competentes se aboquen en resolver los problemas producidos por las lluvias de los últimos días, que ponen en peligro a más de 15 familias que podrían quedar damnificadas.
Yoander Villegas, vocero del consejo comunal Cruz del Sur, aseveró que “la situación que se vive es causada por las malas políticas públicas del gobernador del estado Lara. En este caso, nos hemos visto afectadas más de 50 familias tras el deslizamiento en la avenida Uruguay”. Añadió: “estamos haciendo una medida de presión que lamentamos, pero no nos quedó otra opción ya que hemos ido varias veces a Funrevi, a la gobernación del estado y no hemos concretado nada con el gobernador para que le dé soluciones a las familias”.
“Teníamos una mesa de trabajo en la Defensoría del Pueblo, pero el ciudadano secretario de gobierno, Erick Valles, alegó que ese ente se había convertido en un apéndice del PSUV, lo que es totalmente falso porque ahí estaba representado el pueblo y las comunidades que se estaban viendo afectadas como consecuencia del desastre que tienen montado desde la Gobernación y que ellos llaman política”, denunció Villegas.
Villegas también afirmó que “ya han pasado ocho años y los problemas siguen. Esa gente de la Gobernación con sus negocios se siguen enriqueciendo ilícitamente y son incapaces de venir a darnos soluciones a nosotros aquí en el sector”. Agregó que “el deslizamiento se ha presentado año tras año, pero con las dos últimas lluvias que cayeron se ha complicado más la situación. Tenemos aproximadamente 50 familias que están prontas a quedar damnificadas en el sector”.
Villegas explicó que la situación se torna alarmante, ya que como consecuencia de las lluvias, “se abrió un hueco de más de tres metros por dos de ancho y casi dos metros de profundidad, y esta es la única vía de acceso que hay a la comunidad. Ese hueco no deja espacio ni para que pase una moto, menos aún una ambulancia”. Lamentó que “la gobernación, por ejemplo, no presenta un plan de emergencia para mitigar esta clase de riesgos que se presenten dentro del sector”. Villegas cuestiona de manera preocupada “cómo evacuarán a una familia de las que están prontas a caerles sus viviendas encima, donde hay niños, mujeres y adultos mayores y hasta personas con discapacidad motora, frente a eso ¿cómo hacemos nosotros para movernos o para trasladarlos con ese enorme hueco que impide el tránsito por nuestra única vía de acceso a la comunidad?”.
En el recorrido del equipo reporteril de Ciudad Bqto, pudimos observar las condiciones en las que se encuentran las viviendas de esas comunidades, algunas ya derrumbadas por los embates de las lluvias y otras que presentan múltiples daños y fracturas que anuncian una posible caída.
Miembros de la comunidad, denunciaban que ante las respuestas de la gobernación de que “no tenían presupuesto por culpa del gobierno que no les baja recursos”, ellos propusieron la creación de una tripartita entre la gobernación, el gobierno nacional y la alcaldía, a lo que la gobernación se negó rotundamente por considerarla ilegal.
ANTECEDENTES
Los voceros comunitarios aseguraron que esta problemática tiene muchos años. “En otras ocasiones presentamos una propuesta de reubicación en unos terrenos ubicados en el centro de la ciudad, y esos terrenos fueron estudiados por especialistas y de acuerdo a la declaración pública contenida en la constitución, deberían ser asignados a la comunidad, puesto que se encuentra en una peligrosa situación de calamidad que podría acarrear el coste de vidas humanas”, explicó Yoander Villegas y se lamentó que “a esto también se negó la alcaldía porque esos terrenos son propiedad privada, como si las vidas humanas que están en riesgo tuvieran menos valor que el derecho a propiedad de los dueños”.
Se venía trabajando en mesas, “pero la gobernación dejó de asistir aun cuando a ellos les correspondía la mayor responsabilidad en cuanto a la reubicación de las familias que corren el riesgo de perder la vivienda, e incluso la vida, si un derrumbe se les viene encima”, aseguró Jorge Loyo, quien también es vocero de la comunidad.
Preocupados ante la continuada desatención a los problemas urgentes, la comunidad procedió a retener una máquina perteneciente a la empresa Hidrolara C.A., con la finalidad de que sean tomados en cuenta para la reubicación que vienen reclamando desde hace casi una década, según afirmaron.
ALEJANDRO GIL RIVERO
