
La Asamblea Nacional (AN) en desacato, con mayoría de diputados de derecha, aprobó el pasado martes un proyecto de Acuerdo para apoyar la activación de la Carta Democrática Interamericana de la Organización de Estados Americanos (OEA) contra el pueblo de Venezuela, como uno más de sus esfuerzos para promover la injerencia en el país por parte de agentes internacionales.
No es la primera vez que los partidos de derecha, agrupados en la autollamada Mesa de la Unidad Democrática (MUD) con mayoría en el Parlamento Nacional, pujan para una intervención extranjera en el país como vía golpista para salir del presidente de la República, Nicolás Maduro, elegido democráticamente por la mayoría del pueblo en elecciones.
En una primera oportunidad, también pidieron sin éxito la intervención de la OEA en los asuntos internos del país. Igual que aquella vez, el secretario general de la OEA, Luis Almagro, solicitó una vez más al organismo internacional activar la Carta Democrática como parte de una campaña injerencista emprendida contra Venezuela.
En línea con la acción injerencista de Almagro, la derecha parlamentaria aprobó el acuerdo intervencionista, justo después que los diputados Julio Borges y Freddy Guevara viajaron al exterior para reunirse con el gobierno de facto de Brasil, el presidente argentino, el empresario Mauricio Macri y voceros del Departamento de Estado de los Estados Unidos para solicitar apoyo para ejecutar al unísono la injerencia.
En la sesión ordinaria, el diputado Luis Florido fue el encargado de presentar el acuerdo. Florido basó su intervención en el artículo 20 de la Carta Democrática Interamericana, que establece la posibilidad de que el Secretario General, o cualquier miembro, efectúe una convocatoria inmediata del Consejo Permanente para evaluar la situación interna de un Estado miembro en el que «se produzca una alteración del orden constitucional que afecte gravemente su orden democrático»
Aunque la aplicación del artículo 20 de la Carta Democrática no establece de forma explícita una intervención al país, sí promueve un escenario de ruptura diplomática de los países miembros, y otros Estados del mundo, con Venezuela, para legitimar un rechazo diplomático hacia el país y crear las condiciones en la comunidad internacional para una eventual intervención extranjera.
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