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El Vicepresidente del Consejo Legislativo del Estado Lara, diputado Johnny Narváez, expresó que el Gobernador del estado Lara y su tren ejecutivo deben dar la cara a más de 6 mil docentes regionales, que esperan respuestas sobre problemáticas laborales.
Así lo afirmo tras la suspensión de la reunión prevista para los pasados días de paro, a la cual fueron invitados por el secretario General de Gobierno Eric Valles, el director de Planificación y Presupuesto Vladimir Orellana, Pedro Márquez Director General Sectorial de Educación y Laura Pons jefe de recursos Humanos de la D.G.S.E, información referida por prensa CLE.
Narváez manifestó que la intención de este encuentro era conocer sobre un tema que ha planteado la coalición sindical, reiterado también por múltiples denuncias de profesores que son mal llamados desincorporados, o en cese de funciones.
Los mismos reclaman en su condición de docentes activos, pero fuera del aula, que se les cumpla con cada uno de los conceptos que legalmente les corresponden, en este caso el cesta ticket, pues aseguran que si no están jubilados ni pensionados, están activos y no están en el aula, por irresponsabilidad del gobierno regional, que no los termina de jubilar y por tanto les corresponde este beneficio.
En este sentido la Comisión de Educación y Cultura, requiere saber a cuánto asciende la nómina, y cuanto representa desde el punto de vista financiero, así como los argumentos del ejecutivo por el cual 3 mil 292 docentes no son beneficiados con el bono de alimentación.
Dicha situación conlleva a inferir que igual cantidad de docentes que ocupan dichos puestos de trabajo dependientes de FUNDAESCOLAR, se les vulneran sus derechos, aun cuando el Gobernador en un acto público, se comprometió a pasarlos de suplentes a tiempo indeterminado, por lo que son acreedores de todos los derechos constitucionales y contractuales vigentes, pues la constitución establece que a igual trabajo, igual salario.
Finalmente el diputado Narváez, dio a conocer que nuevamente serán invitados los directores del ejecutivo, para que no se diga que el parlamento emitió un pronunciamiento sin oír las partes, y se les advertirá de las sanciones establecidas en la Ley para el Ejercicio de la Función de Control, si no acuden al llamado del CLEL y continúan poniendo en práctica tácticas dilatorias para no responder a más de 6 mil docentes y sus familias que también son afectadas.
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