CiudadBqto ¡Na' Guará!
Related Articles
El fiscal federal argentino Guillermo Marijuan imputó este martes a los jueces de la Corte Suprema de Justicia Elena Highton de Nolasco, Carlos Ronsenkratz y Horacio Rossatti, por haber votado el denominado “2×1” a favor de un represor condenado por delitos de lesa humanidad.
El dictamen del funcionario del Ministerio Público fue elevado al juez federal Daniel Rafecas para que se abra una investigación penal tras la denuncia radicada el lunes por el abogado y ex legislador bonaerense Marcelo Parrilli, reseñó el portal Diario registrado.
La denuncia quedó radicada bajo el número 5900/2017 y apuntó a los tres jueces que avalaron la aplicación del «2 x 1» para Luis Muiña, condenado a 13 años de prisión por represión de Estado en el Hospital Posadas al comienzo de la última dictadura militar que vivió ese país de 1976 a 1983.
El letrado pidió además que se investigue a los jueces por “prevaricato” (delito que consiste en que una autoridad, juez u otro servidor público dicte una resolución arbitraria en un asunto administrativo o judicial a sabiendas de que dicha resolución es injusta), que pena con multas e inhabilitación absoluta y perpetua a jueces que impongan fallos contrarios a las leyes.
REPRESENTANTE ONU TAMBIÉN CUESTIONÓ SENTENCIA
El representante del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh) para América del Sur, Amerigo Incalcaterra, cuestionó el lunes la ley que aplicó el beneficio penitenciario del 2×1 a genocidas.
Incalcaterra pidió que se respeten los estándares internacionales de derechos humanos para delitos de lesa humanidad.
“El Estado argentino y la Corte Suprema como instancia del Estado, deben cumplir no solo el derecho interno, sino también la normativa internacional aplicable y los compromisos asumidos a nivel internacional”, dijo.
Resaltó que los crímenes de lesa humanidad “agravian no solo a las víctimas, sino a todos los seres humanos. Por ello, no pueden asimilarse a delitos comunes y su gravedad requiere de una sanción proporcional”.
“El derecho a la reparación de las víctimas de estos delitos es un derecho humano básico, consagrado en tratados universales y regionales de derechos humanos, así como en otros instrumentos internacionales, por lo que debe ser protegido”, acotó el representante del Acnudh.
EL DATO
El beneficio del 2×1 fue incorporado en la ley 24.390 sancionada en noviembre de 1994. El artículo 7 de esa norma establecía que, transcurrido el plazo de dos años previsto en la ley, se debía computar doble cada día de prisión preventiva.
Es decir, el beneficio era para las personas detenidas sin sentencia firme. La normativa respondía a ciertos requerimientos de los compromisos internacionales asumidos por la Argentina respecto del cumplimiento del plazo razonable de la prisión preventiva, o sea, del tiempo que una persona puede permanecer presa sin tener una condena.
El objetivo inicial de la ley era buscarle una solución a los dilatados procesos judiciales, que en el momento en que se sancionó la normativa generaban fuerte reclamos y revueltas en las cárceles, recordó en nota el diario La Nación.
Esta meta no se cumplió, y en la actualidad la mitad de la población penitenciaria argentina está procesada sin sentencia firme.
La ley fue derogada en el año 2001, por lo que el beneficio quedó sin efecto. Sin embargo, tal como sucedió recientemente, en el caso de las personas que estuvieran en la situación descrita por la norma antes de que ésta sea derogada puede aplicarse el 2×1, debido a que pueden solicitar la aplicación de la ley penal más benigna.
