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La mañana de este miércoles, miembros del Consejo Productivo de Trabajadores de Hidrolara, e integrantes de diversas comunidades del estado, se dirigieron a la defensoría del pueblo para solicitar una investigación a los recurrentes problemas que presenta la empresa, así como una auditoría general a la hidrológica.
Luis Rodríguez, miembro del Consejo de Estado del Poder Popular para la gestión integral de las aguas, instancia recién creada, señaló: “Estamos hoy aquí, para introducir ante la defensoría del pueblo, como órgano garante de los derechos humanos de la población, una solicitud de investigación a los casos recurrentes que se vienen presentando en la hidrológica del estado Lara en detrimento de nuestro pueblo”.
Según Luis Rodríguez, “es más que irresponsabilidad del Gobernador del estado Lara, en su afán y en su empeño por la privatización del servicio”.
De igual manera aseguró que la ineficiencia del gobernador, ha causado que cada día, más y más comunidades de nuestra ciudad se vean en la necesidad y obligación de recurrir a los camiones cisternas, y esta venta lo que está es causando más agonía y mas sufrimiento para nuestro pueblo y afectando a las familias larenses, “es claramente parte de la guerra económica en la cual está inmerso el gobernador del estado Lara”, aseguró Rodríguez.
De igual manera solicitó que, se investigue todo lo relacionado con la proliferación de llenaderos clandestinos, que no cumplen con las medidas de higiene mínimas que se exigen para la distribución del servicio del agua a las comunidades.
Así mismo, exigieron la desinfección de todos los camiones cisternas, porque de no hacerse, cada día se incrementarán las enfermedades dérmicas y las enfermedades gastrointestinales en las familias más vulnerables, aseguró.
Por su parte, Elba Yris Rodil, Defensora Delegada del Pueblo en el estado Lara, aseguró que actualmente los larenses se ven sumamente afectados, persiste una agudización de la problemática y vulneración al derecho humano del agua, producto de ocho años de desatención y falta de proyectos que resuelvan integralmente el problema del agua potable y también el de aguas servidas, porque no ha sido prioridad en la gestión del gobierno regional.
“A HidroLara se le debe declarar una ineficiencia absoluta por no dar respuesta a las comunidades y no garantizar el derecho al servicio del agua” declaró.
YULERMIS MIRELES
CIUDAD BQTO
