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En días pasados, la policía estadal realizó un procedimiento donde se incautó en la población de Sanare una gandola que contenía trigo y no contaba con ninguna documentación legal para el traslado del producto. Por ser un producto perecedero se le solicitó a la Fiscalía la enajenación inmediata con fines sociales para evitar el daño del producto.
El expediente fue llevado a la Fiscalía 4ta del Ministerio Público. Se presumía de delitos graves a los derechos colectivos por contrabando de extorsión previsto y sancionado en el artículo 57 de la Ley Orgánica de Precios Justos. Gracias a la articulación de la policía estadal con las autoridades competentes, se le realizaron estudios en el laboratorio de diagnóstico fitosanitario y despistaje de microtoxinas, arrojando como resultado que la muestra no presentó microorganismos patógenos ni insectos ni plagas, así como tampoco bacterias fitopatógenas por lo que se consideró apto para el consumo humano.
En tal sentido se realizó el debido procedimiento para que el pueblo disfrutara de manera inmediata del servicio de este producto alimenticio. Tan pronto como se recibió la medida por parte de la Fiscalía, la Alcaldía del municipio Bolivariano Andrés Eloy Blanco en conjunto con la policía estadal y el Poder Popular procedió a la movilización de la gandola hasta el caserío Palo Verde en Sanare donde funciona la Cooperativa “8 de marzo”, que por muchos años se ha dedicado a la elaboración de pastas artesanales para la población.
El objetivo planteado fue la entrega del producto a la comunidad organizada para que sea utilizado como materia prima en pastas que después se distribuirán por medio de los CLAP del municipio. Este operativo y disposición final del producto es una clara respuesta a las mafias que juegan al hambre y malestar del pueblo.
Prensa Alcaldía de Andrés Eloy Blanco
