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Una serie de denuncias sobre abusos sexuales y físicos a menores ocasionó un terremoto político en Panamá.
Asimismo, autoridades de Panamá pidieron este martes el cierre de los albergues que hayan incurrido en «faltas muy graves», en medio del escándalo desatado por un informe parlamentario que denunció abuso sexual y maltrato físico y psicológico contra los menores en esas instalaciones supervisadas por el Estado.
Tras conocer del caso de una niña que estaba acurrucada en el techo de una escuela, en la localidad de Tocumén, a las afueras de Ciudad de Panamá, cuando fue encontrada en la noche del 12 de febrero pasado.
Las autoridades se limitaron a informar que la menor fue rescatada de inmediato y que se encuentra bien de salud en un centro de protección con asistencia profesional. Sin embargo la Junta Directiva de la Senniaf, integrada por los ministerios de Desarrollo Social (Mides); Educación (Meduca); del Trabajo (Mitradel); Salud (Minsa); y de Economía y Finanzas (MEF), entre otros, la que pidió la clausura de los albergues.
El malestar fue creciendo a medida que aumentan las denuncias sobre las condiciones en las que viven niños y adolescentes en esos centros y el Ministerio Público (Fiscalía) decidió abrir de oficio una investigación del caso por la presunta comisión del delito de maltrato infantil.
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