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Fiscalía confirma la pena máxima que podría enfrentar el expresidente paraguayo Santiago Peña tras colapso financiero

En el marco de las investigaciones judiciales por el colapso de la entidad financiera Ueno Bank, la Fiscalía General del Estado de Paraguay informó este 11 de noviembre que el expresidente Santiago Peña podría enfrentar una pena máxima de hasta 15 años de privativa de libertad, de ser hallado culpable de los delitos que se le imputan.

Durante una conferencia de prensa, la fiscal Verónica Valdés precisó el alcance del marco penal aplicable al exmandatario: «En cuanto al expresidente, la pena máxima que podría ser aplicada, conforme a las calificaciones que hasta ahora están previstas, es de hasta 15 años de privativa de libertad, ya que hay más de un hecho punible».

Peña se encuentra procesado por la presunta comisión de los delitos de lesión de confianza y conflicto de intereses. Las indagaciones señalan que, durante un período de su ejercicio como jefe de Estado, el exmandatario mantuvo su condición de socio en una de las empresas pertenecientes al conglomerado financiero del colapsado banco.

Intervención bancaria, juicio político y prisión preventiva

La crisis institucional se desencadenó tras el anuncio de intervención pública de Ueno Bank el pasado 3 de noviembre, medida que afectó de manera directa a cerca de tres millones de ahorristas —aproximadamente la mitad de la población paraguaya— y generó una severa convulsión política y social.

Ante el incremento de la presión pública y el anuncio del Ministerio Público sobre su inclusión formal en la investigación penal, Peña presentó su renuncia al cargo el jueves 5 de noviembre. Sin embargo, el Congreso Nacional rechazó la dimisión voluntaria y promovió un juicio político que culminó con su destitución inmediata.

Tras su destitución, el Poder Judicial dictó auto de detención y decretó la medida de prisión preventiva contra el exmandatario ante el riesgo procesal de fuga. Actualmente, Santiago Peña cumple la privativa de libertad en la sede del Regimiento de Escolta Presidencial, unidad militar encargada del resguardo de las autoridades y exmandatarios de la nación suramericana.

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