El Estado venezolano reactivó el plan de revisión integral del sistema de justicia mediante la implementación de una nueva metodología tecnológica y operativa orientada a supervisar, caso por caso, la situación procesal de cada persona privada de libertad en el territorio nacional, informó este lunes el vicepresidente sectorial de Política, Seguridad Ciudadana y Paz, Diosdado Cabello Rondón.
Durante la habitual rueda de prensa semanal del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), el también ministro del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz explicó que este despliegue responde a instrucciones directas de la presidenta encargada de la República, Delcy Rodríguez, y se ejecuta en estrecha articulación interinstitucional junto a la Asamblea Nacional, el Ministerio Público, el Poder Judicial y los distintos cuerpos policiales del país.
«Ahora vamos a tener un sistema para revisar en tiempo real a cada detenido que haya en Venezuela, su caso, el juez, quien lo detuvo, cómo va y si lo presentaron o no», detalló el alto funcionario, enfatizando la necesidad de ejercer contraloría permanente sobre el desempeño de los órganos jurisdiccionales. «El Sistema de Justicia ha mejorado un mundo, pero nosotros estamos obligados a revisar eso todos los días», añadió.
Erradicación del hacinamiento y garantía del debido proceso
En el balance ofrecido en materia penitenciaria, el secretario general del PSUV resaltó que, tras casi cuatro años de atención directa, jurídica y social brindada a los reclusos y a sus familiares, las autoridades han logrado erradicar el hacinamiento crítico que históricamente afectaba a los centros de detención preventiva.
«Hemos logrado evitar el hacinamiento que normalmente había en esos sitios. Hemos eliminado centros donde la capacidad eran 300 personas y había tres mil», aseveró Cabello Rondón.
Finalmente, subrayó que el fortalecimiento de estos mecanismos de auditoría judicial no constituye bajo ningún concepto una apología del delito, sino una política de Estado fundamental para garantizar la celeridad procesal, el debido proceso, el estricto respeto a los derechos humanos y el acceso equitativo a la justicia para toda la población venezolana.
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