La publicación del nuevo Reglamento de la Ley para la Atención Integral a las Personas con Trastorno del Espectro Autista (TEA), mediante la Gaceta Oficial Extraordinaria N.° 7.089 con fecha del 2 de noviembre, marca un hito jurídico e institucional para miles de familias venezolanas al establecer garantías obligatorias en materia de salud, educación, seguridad social y protección económica bajo un enfoque de derechos humanos y neurodiversidad.
El instrumento legal define a la persona con TEA como aquella que presenta una forma particular de procesar la información, comunicarse e interactuar con su entorno, obligando al Estado, las familias y la sociedad a asegurar su autonomía, desarrollo integral y adaptaciones razonables durante la niñez, juventud y adultez en condiciones de igualdad y no discriminación.
Nueva clasificación por niveles de apoyo y protocolos de salud
Alineado con los estándares internacionales del Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales (DSM-5), el reglamento sustituye las antiguas categorías de autismo «leve, moderado o severo» por una clasificación basada en tres niveles de apoyo:
- Nivel 1 (Apoyo necesario): Personas que se comunican y realizan tareas de manera independiente, pero requieren ajustes razonables específicos en los ámbitos educativo o laboral debido a dificultades en la interacción social u organización.
- Nivel 2 (Apoyo sustancial): Requiere intervenciones frecuentes, sistemas de comunicación alternativa y aumentativa, así como adaptaciones curriculares o laborales profundas frente a cambios en la rutina.
- Nivel 3 (Apoyo muy sustancial): Designa a personas con dependencia significativa en todas las áreas de su vida. Para este nivel, la normativa contempla protecciones especiales, incluida una asignación económica dirigida a los cuidadores que no pueden ejercer actividad laboral por dedicarse exclusivamente a su atención.
En el ámbito sanitario, el Sistema Público Nacional de Salud garantizará medios para el diagnóstico temprano. Para ello, el Ejecutivo designará una comisión multidisciplinaria de expertos en salud y educación, con participación ciudadana y de organizaciones sociales, encargada de redactar el Protocolo Nacional de Diagnóstico e Intervención.
Asimismo, en su artículo 9, la norma obliga a las empresas de seguros, reaseguros y cajas de ahorro a admitir y asegurar a las personas con TEA sin recargos arbitrarios, plazos de espera injustificados ni exclusiones por comorbilidades derivadas de su condición.
Fin de los informes anuales en escuelas y formación universitaria
En el sector educativo, el reglamento elimina el requisito burocrático de exigir informes médicos anuales para otorgar cupos o garantizar la prosecución escolar. Todas las instituciones públicas y privadas están obligadas a asegurar el ingreso y permanencia de los estudiantes, pudiendo solicitar evaluaciones integrales únicamente en seis etapas clave del desarrollo: de 0 a 3 años, y a los 6, 8, 12, 21 y 26 años de edad.
De igual forma, el artículo 11 establece la obligatoriedad de aplicar adecuaciones curriculares individualizadas, recursos didácticos adaptados y Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC). Paralelamente, el Ministerio del Poder Popular para la Educación ejecutará programas de formación permanente para docentes, personal administrativo y obrero en abordaje conductual y comunicación aumentativa, mientras que el Ministerio de Educación Universitaria incorporará contenidos obligatorios sobre TEA en las carreras de salud, educación y ciencias sociales, además de certificar saberes no formales para la inclusión laboral.
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