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El lunes 10 de octubre, la Fiscalía brasileña presentó varios cargos en contra del expresidente Luiz Inácio Lula Da Silva, por delitos de corrupción ligados con supuestos contratos de una obra de infraestructura en Angola.
Lula Da Silva fue señalado por el organismo de ser el “comandante máximo” de los crímenes de corrupción y lavado de dinero de la operación Lava Jato, aunque hasta el momento no ha sido inculpado formalmente por estar relacionado con esa red, reseñó teleSUR.
La Policía Federal denunció al exmandatario por sospechas de haber beneficiado a un sobrino en millonarios contratos con Angola, y que Lula supuestamente aceptó un lujoso departamento a cambio de beneficiar a la constructora OAS con contratos de Petrobras.
Según la Fiscalía, fueron desviados “de forma disimulada” valores que con la corrección monetaria actual llegan a los treinta millones de reales (unos 9,3 millones de dólares).
En septiembre pasado, el expresidente rechazó todas las acusaciones y enfatizó que no hay pruebas en su contra.
Este lunes fue enviada por el Ministerio Público Federal una acción penal a un total de 11 personas por los delitos de corrupción activa y pasiva, lavado de dinero, tráfico de influencias y asociación ilícita.
Figuran además del expresidente Lula, el empresario Marcelo Odebrecht, quien acusó a Michel Temer de ser uno de los beneficiados de la red de corrupción dentro de la estatal; el sobrino de la primera esposa de Lula da Silva, a su actual cónyuge, Marisa Letícia Rocco, y ocho personas más.
EN CONTEXTO:
Lula, quien sigue siendo el político más popular de Brasil pese a los señalamientos de corrupción contra el Partido de los Trabajadores (PT), es acusado directamente por los fiscales federales con relación a su presunta participación en el esquema de sobornos en la petrolera contratada por el Estado.
El 26 de agosto la Policía Federal de Brasil presentó cargos contra Lula da Silva por lavado de dinero y falsificación sobre la adquisición de un apartamento.
Las pruebas debían ser analizadas por la Fiscalía de Brasil en un plazo de 90 días para determinar si se abría un proceso contra Lula y los otros acusados.
Los abogados del líder del PT consideran que tanto él como su familia sufren una persecución tras la denuncia presentada en la Organización de las Naciones Unidas (ONU), por abusos cometidos durante la investigación del caso Petrobras.
La expresidenta de Brasil, Dilma Rousseff ha criticado en reiteradas ocasiones que las demandas por corrupción interpuesta contra el exmandatario Luiz Inácio Lula da Silva tienen el objetivo de evitar que el líder sindical se mida en las elecciones presidenciales de 2018.
