
El Gobierno Nacional vela por la distribución de materia prima, la producción constante y correcta prestación de servicios en las panaderías con el objetivo de garantizar a la familia venezolana el expendio del pan a precio justo.
El Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, ejecutó el Plan piloto de 700 panaderías inspeccionadas en el mes de marzo en Caracas, logrando beneficiar a más de 415 mil familias en la capital, publica VTV en su portal Web.
Desde el 14 de marzo las instituciones del Estado, conformadas por la Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos (Sundde), Superintendencia de Gestión Agroalimentaria (Sunagro), Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), Comité Locales de Abastecimiento (CLAP) se desplegaron con la finalidad de verificar que el pan efectivamente le llegue a todos los ciudadanos.
Durante esas dos semanas se evidenció un total de 21 locales cerrados para evitar la fiscalización, por esta razón los funcionarios abrieron expedientes de investigación levantando actas y con los respectivos testigos con el propósito de hacer respetar el debido proceso, en breve tiempo determinaron las responsabilidades y las sanciones correspondientes.
Se detectaron infinidades de denuncias a través de la línea telefónica 0 800 LO JUSTO (0800-5658786) que dejando en evidencia el incumplimiento de la norma jurídica en cuanto al precio del producto y prestación de servicio.
En el procedimiento los fiscales visualizaron a las personas haciendo colas por horas para la adquisición del pan, documentaron el condicionamiento y desviación de la materia prima (trigo) para la fabricación de otros productos de menor demanda y más costosos tales como los cachitos, pastelitos, tortas y dulces hecho que quedó sustanciado en las actas de los fiscales.
ACCIONES PARA ENFRENTAR LA GUERRA DEL PAN
El vicepresidente Ejecutivo, Tarek El Aissami, precisó que “está prohibido el cobro de comisiones por la utilización del punto de venta en las panaderías, este es uno de los hechos irregulares que hemos detectado“. Afirmó que una panadería no debe tener más 300 sacos por mes en su inventario sobre la base de 10 sacos de harina de consumo diario.
Decretó que todo aquel establecimiento que incumpla con las disposiciones legales para darle acceso a los venezolanos la compra del pan a precio justo, será ocupado temporalmente por el Gobierno y se le entregará al CLAP de la comunidad.
En la fiscalizaciones -en conjunto con los organismos de seguridad del Estado- se tomaron dos panaderías cuyos panes no pesaban los 180 gramos establecidos, panaderías identificadas con el nombre de Mansion’s Bakery e Inversiones Rol 2025 ubicado en el Distrito Capital.
El superintendente de Precio Justo, William Contreras, expresó que los dueños de estos establecimientos tenían la producción continua, sin embargo “¿cuál es la primera novedad? que el pan canilla debe pesar 180 gramos. Estos señores la procesan en 140 gramos y lo cobran como de 180 gramos”.
El pan canilla tiene un costo de Bs. 100 y el campesino de Bs. 180. “El peso de la canilla no puede ser menor a 130 gramos y el del campesino debe ser de 250 gramos”. El precio del pan francés es de Bs. 50 por unidad y su peso no puede estar por debajo de los 50 gramos, explicó.
En cuanto a la harina de trigo hay dos presentaciones. La subsidiada por el Estado (Monaca) con un costo de siete mil bolívares por saco, y la privada que se expende entre 11 mil y 12 mil bolívares. “De cada saco se producen más de 500 unidades de pan campesino”.
Detalló que “el panadero debe dejar su materia prima organizada, como era antes, y en media hora tienen que salir el pan canilla y pan francés. El 90 por ciento del saco debe ser usado en estos panes, el otro 10 por ciento en otros productos” (14/03/17).
La Ley de Precios Justos estipula en el artículo 56: “Cuando el boicot, acaparamiento, especulación, contrabando de extracción, usura, cartelización u otro delitos conexos, procuren la desestabilización de la economía; la alteración de la paz y atente contra la Seguridad de la Nación, las penas contempladas se aplicarán en su límite máximo, igualmente se procederá la confiscación de los bienes, conforme a lo previsto en la Constitución Bolivariana de Venezuela”.
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