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En Uruguay se presentó un proyecto de ley que penaliza a los empleadores tanto públicos como privados, que incluyan discriminación ya sea por sexo o género a la hora de buscar personal.
Tanto los que superan los 40 años de edad como los jóvenes que buscan trabajo, son los más afectados en la actual coyuntura.
Las mujeres perciben un 30 % menos de ingreso que los hombres, pese a que el 60 % de los egresados universitarios son mujeres.
En la situación actual el empleador coloca barreras de edad y sexo al solicitar personal, negando la posibilidad de conocer otros postulantes quizás más aptos o lo que es peor, aumentando la brecha de oportunidades.
El proyecto de ley, sostiene que, la verificación del incumplimiento de la ley, dará lugar a que las personas que se sientan lesionadas puedan realizar la denuncia ante la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo (INDDHH).
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