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A propósito de las acciones orientadas a la evaluación de daños y respuesta post sismo en el sector educativo, la ministra del Poder Popular para la Educación Universitaria, Ana María Sanjuán, lideró una reunión de trabajo con especialistas de la firma internacional de ingeniería Miyamoto International.
Durante el encuentro, las autoridades presentaron un balance detallado del informe de evaluación de necesidades postdesastre. Este documento contó con la elaboración conjunta de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) y el Instituto Internacional de la Unesco para la Educación Superior en América Latina y el Caribe (Ieslac).
En este sentido, la viceministra para la Transformación Universitaria, Socorro Hernández, detalló el diagnóstico del sector previo al evento sísmico, el cual cuenta con 172 instituciones públicas y privadas de educación universitaria en funcionamiento, con una población superior a 1,2 millones de estudiantes y más de 85 mil docentes.
Posteriormente, a partir del levantamiento procesado por el Ministerio y los organismos multilaterales, la viceministra Hernández precisó que 109 sedes pertenecientes a 21 instituciones de educación universitaria registraron afectaciones. De este modo, se vio afectado directamente casi 189 mil estudiantes en siete estados priorizados.
Balance de daños en infraestructura
Asimismo, tras las inspecciones técnicas de campo, el balance proyecta los siguientes impactos globales para las 109 sedes afectadas:
Daños estructurales severos o colapsos: 17 sedes.
Daños intermedios: 41 sedes.
Daños leves o superficiales (frisos): 51 sedes.
Infraestructura afectada: mil 023 aulas de clase y 433 espacios especializados (laboratorios, bibliotecas y otras áreas complementarias).
Con el objetivo de ofrecer respuestas a las comunidades universitarias, las autoridades diseñaron una hoja de ruta que prioriza el mayor impacto en el más corto plazo.
Finalmente, la máxima autoridad de Educación Universitaria, Ana María San Juan, afirmó el compromiso de avanzar en un esquema de financiamiento mixto que articule la cooperación internacional con aportes del Ejecutivo Nacional y otras instituciones, para garantizar la pronta restitución de las actividades académicas en condiciones de seguridad.
